La venta de 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), en agosto, alivió algo las arcas regionales. Pero amenaza con traerle al Gobierno de Ignacio González más problemas en los tribunales.
La Comunidad de Madridreconoce que los inquilinos de viviendas públicas vendidas solo mantendrán sus condiciones mientras dure el contrato. Una vez que finalicen esos contratos, será el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, el actual dueño de esas viviendas, quien decida en qué términos podrán continuar.
El PSOE ha interpuesto una querella al considerar que se está cometiendo un delito de malversación y prevaricación. Según la oposición, algunos ya han recibido una advertencia del actual propietario: "O compras o a la calle".
Mientras el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora adquirió las viviendas por una media de 63.000 euros cada uno, el precio para sus actuales moradores (que tienen un alquiler con opción a compra) oscila entre los 150.000 y los 170.000 euros.
El Gobierno se justifica: "La oferta de vivienda pública no es exclusiva de la administración pública" y se felicita por "crear las condiciones necesarias para que la vivienda protegida sea atractiva para los promotores privados".
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